Edición especial del programa de radio pampeano "Primero la libertad" sobre el caso de los compañeros de Las Heras basado en el boletín publicado en este blog.
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miércoles, 23 de julio de 2014
domingo, 15 de junio de 2014
Material para difusión
El pueblo santacruceño de Las Heras había sido, desde su fundación como parada intermedia del ferrocarril, un pueblo patagónico de no más de mil habitantes. Fue con la llegada de YPF, en los años ’60, que se inició un marcado crecimiento demográfico. Paralelo a éste, los propietarios de las estancias comenzaron a vender sus terrenos para la instalación de pozos, disminuyendo paulatinamente la actividad ganadera. Esta dependencia respecto a las actividades petroleras, hizo que el pueblo parezca más un ingenio, o un campamento corporativo, que un pueblo propiamente dicho.
La privatización
de YPF, en 1991, tuvo por estas razones, un profundo y devastador impacto en el
pueblo. Cabe recordar que el mayor impulso a esta medida vino de la mano de la
OFEPHI, organización que nuclea a las gobernaciones de las provincias
petroleras y cuya presidencia era ejercida justamente por el entonces
gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Por el remate de la empresa, las
provincias de la OFEPHI recibieron cuantiosas sumas monetarias. La gobernación
santacruceña adquirió, con parte de ese dinero, acciones de Repsol-YPF,
transformándose en accionista de la misma.
La población local
fue blanco no solo de todos los ajustes salariales del gobierno provincial y nacional,
sino también de las estrategias precarizantes de las empresas petroleras. Esto,
que no ha cambiado en la última década, moldea todavía hoy el panorama social
de Las Heras. Una gran cantidad de trabajadores son llevados por las empresas
desde distantes localidades para ejecutar trabajos por tiempos limitados. Por
supuesto son moneda corriente los contratos “flexibilizados”, que hacen
depender al trabajador de la renovación
del contrato mes a mes. Los salarios son relativamente bajos cuando se
considera el coste de vida de la región y el riesgo físico del trabajo en los
pozos petroleros.
Las estrategias
de flexibilización, precarización y tercerización encuentran allí su expresión
más pura. En 1995 el desempleo trepó al 25% y 7000 personas emigraron. La
población local, predominantemente masculina, registró fuertes problemas de
alcoholismo y de violencia familiar y callejera. Entre 1997 y 1999 veintidós
adolescentes y niños protagonizaron suicidios y, otros tantos, intentos
fallidos.
La situación de
los trabajadores revela además la complicidad de la burocracia sindical para
con la patronal. Mientras el secretario general de los petroleros declaraba: «acompañamos al compañero Kirchner desde 1987»[1],
los trabajadores de las compañías tercerizadoras estaban incluidos bajo
convenios funcionales a la patronal. Ese es el caso de los empleados de Indus
(una contratista de YPF) que estaban encuadrados como trabajadores de la
construcción, en un convenio de UOCRA, de forma que su salario era muy inferior
al del resto de los petroleros.
A fines del 2005
los trabajadores bajo ese convenio obtienen un tímido aumento salarial que
busca compensar la creciente inflación. Sin embargo, este aumento hace que su
salario sobrepase el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias,
establecido en 1992. El 23 de diciembre los trabajadores entran en conocimiento
de que por este impuesto no se les pagará el aguinaldo. Tras hacer un
infructuoso reclamo, los trabajadores de Indus organizan una asamblea en la que
deciden hacer un paro por tres días. La medida inicia el 26 de diciembre del
2006 y a ella se adhieren los trabajadores de Serpecom Metrapek. Finalmente la
patronal accede a pagar el aguinaldo.
Es gracias a esa
medida de lucha que los trabajadores “de la construcción” de Las Heras entran
en contacto con delegados de trabajadores petroleros de varias empresas. Estos
últimos estaban planificando tomar medidas por el mismo reclamo y querían la
colaboración de los compañeros de Las Heras. Ambos grupos acuerdan plegarse a
una misma medida de lucha para reclamar por la suba del mínimo no imponible del
impuesto a las ganancias, que afectaba a los petroleros y para que los
trabajadores bajo el convenio de la UOCRA pasen al convenio que les correspondía,
el de los petroleros.
El 23 de enero
los trabajadores lanzan un nuevo paro, pero los petroleros no se unen: pese a
las intenciones de los delegados, siguen debatiendo en asamblea si adherir o no
a la medida. Los trabajadores bloquean los accesos a los pozos, para que los
petroleros no puedan trabajar, logrando a la vez debatir con ellos. El tercer
día de paro ejecutivos de YPF y miembros de la UOCRA convocan a los
trabajadores a una reunión en el Ministerio de Trabajo, proponiéndoles la firma
de un acta donde se comprometían a traspasarlos al convenio de los petroleros,
pero a condición de desistir del paro y no plegarse a la medida de lucha que
los petroleros estaban todavía debatiendo. Mientras esto sucedía, algunos
delegados iban siguiendo la asamblea de los petroleros, que se trasmitía
radialmente. «Entonces, en un momento [los petroleros]
dijeron: “Bueno, ¿vamos al paro o no vamos al paro?”. Y el grito de todos los
petroleros fue: “¡Vamos al paro!”. Ahí nos invadió la alegría a todos nosotros,
el abrazo entre todos los compañeros porque íbamos a tener un apoyo. Porque
hasta ese momento lo que íbamos a tener era un papel, una promesa con el
Ministerio de Trabajo y todo lo demás, una promesa… Pero habíamos escuchado esa
fuerza de los trabajadores y la alegría nos invadió, nos caían lágrimas de lo
contentos que estábamos. “Vamos al paro, se va todo a la mierda”, dijimos los
delegados y subdelegados de las empresas. Dejamos todo y nos fuimos. Nos fuimos
y continuamos el paro. Se nos unieron los petroleros y fue así que estuvimos
varios días. Nos organizamos. Con los petroleros, con los delegados, dijimos
que iba a haber un vocero para que nadie anduviera hablando por ahí, porque
siempre la prensa preguntaba y preguntaba y nos preguntaban a todos. Entonces,
para que no hubiera una mala comunicación, quedamos en que todo lo que se
decía, lo decía el vocero. Se eligió a Mario Navarro como vocero. Él decía todo
lo que salía de nosotros. Fueron varios días de piquetes. En total, veintitrés
días de paro. Fue muy largo. Para febrero ya había llegado la GEOP (Grupo
Especial de Operaciones Policiales), habían llenado Las Heras. No se podía
salir a la calle por la noche. Allanaban los boliches, pedían documentos por
todos lados. Estaba militarizado. Los mismos compañeros que estaban de paro
tenían muchísimo miedo, porque al salir te hacían cagar. Si salías de noche y
tenías cabello largo, te pelaban. En serio, es posta: eso pasaba cuando
estábamos de paro. Le hacían tener miedo a la gente, el miedo era terrible
porque andaban en camionetas sin patente, se bajaban y eran robocops,
daban muchísimo miedo. Ya se sabía que iban a detener a los cabecillas de esto,
a los delegados. Había rumores por todos lados, por la radio, de lo que iba a
pasar. Ya se sabía.»[2]
LA BURGUESÍA RESPONDE
El 6 de febrero, luego de dar una entrevista en FM Radio Soberanía, la policía detiene a Navarro, y lo encierra en la alcaldía, sede policial desde enero de ese año. Cuando se busca averiguar las causas de la detención, la policía responde que Navarro estará incomunicado por 48 hs y que posteriormente serán publicadas las causas del arresto.
Aproximadamente
cien petroleros comienzan a reunirse frente a la alcaldía, desobedeciendo las
órdenes de dispersarse de la policía y reclamando la libertad de Navarro.
Tras efectuar dos
disparos al aire, la policía empieza a reprimir con balas de goma y gases
lacrimógenos, que son respondidos con piedras por parte de los manifestantes.
Los varios testimonios sobre lo que pasó a continuación son confusos y contradictorios.
Según Adrián Saucedo la policía efectuó una maniobra de pinzas en conjunto
con el GEOP.
Mientras tanto,
los petroleros que estaban llevando a cabo los piquetes se reúnen en la entrada
de Las Heras y desde allí marchan hasta la alcaldía donde, pese a los gases y
disparos de la policía, llegan a concentrarse mas de mil personas, revelando el
amplio apoyo popular de la población para con los trabajadores y la hostilidad
que los “agentes del orden” habían logrado ganarse.
«En un momento los policías apagaron las luces y
quedamos en medio de una oscuridad total. No dejaban de disparar. Fue una
eternidad. Nosotros pensábamos que tiraban con balas de plomo, escuchábamos el
ruido de los tiros y el sonido del silbido de las balas, que nos rozaba las caras,
todo sin detenerse, en medio de la oscuridad, y cuando corríamos se podía ver a
gente tirada en el piso y no se sabía si estaban heridas o qué. Todo en medio
del caos, hasta que de repente se empezó a escuchar el grito de que había caído
uno. “Cayó uno”, decían. Había un oficial tirado, y los otros oficiales lo
llevaban para adentro, y de la alcaldía salía la ambulancia. Nosotros no
sabíamos qué pasaba.»[3]
El policía muerto
era Jorge Sayago. Nacido en Formosa y radicado en Caleta Olivia, había sido
trasladado ese mismo día a Las Heras para “hacer algunas detenciones”. El
peritaje forense, llevado a cabo por el pediatra José R. Antipani, concluyó que
pese a la herida de bala y la puñalada, la causal de su muerte fue una
hemorragia intracraneal provocada por un golpe en la parte trasera del cráneo.
Sayago no había
sido el único herido, según los propios policías, otros cinco recibieron
impactos de balas en partes del cuerpo descubiertas por los chalecos antibalas.
Incluso las dos ambulancias que trasladaron a cuatro policías heridos primero,
y luego a Sayago, presentaban agujeros de balas. El entonces diario oficialista
Clarín reportaba que la comisaría había recibido la inverosímil cantidad de 130
impactos de balas.[4] Los
peritajes aseveraron que en los disparos se utilizó munición de calibre 22 de
punta hueca, prohibida por las convenciones internacionales de guerra desde
1899, pero usada por la Policía Federal. Otros ocho dijeron haber sido heridos
por piedras de los manifestantes. Luís Bicego, párroco de Las Heras declaró en
una entrevista que: «(…) después de algunos meses esos
policías me vinieron a ver para que los acompañara en el reclamo de sus
derechos porque, según me dijeron, no los habían indemnizado ni los habían
ascendido. Y fue entonces que me contaron que ellos, el grupo de policías,
venían esa noche de una Fiesta de las Cerezas de Los Antiguos. Y recibieron la
orden de entrar a Las Heras para controlar el reclamo, pero con la orden
expresa que tenía que suceder algo grande para que pudiera intervenir la
Gendarmería.»[5]
Efectivamente, el 9 de febrero comienzan a arribar efectivos de
gendarmería a Las Heras, enviados desde el gobierno nacional. Los petroleros
deciden no confrontar con ellos, y desalojan pacíficamente los piquetes. Con el
paso de los días, los efectivos de gendarmería llegaron a ser, según algunas
fuentes, más de 300, y a ellos se sumaron efectivos policiales y de
inteligencia.
Esta numerosa
presencia policial permite iniciar una persecución que evidencia estar
claramente destinada al desmantelamiento de la organización obrera. El mismo
párroco citado recuerda que: «Volví de Italia después de
una semana y acá había una cacería. Me hacía acordar la época de la represión
militar, que tuve que sufrir en Buenos Aires. Agarraban a uno, lo torturaban
para que dijera quién estaba al lado suyo aquella noche. Una cacería que hacía
el grupo especial. Retenían a los detenidos en cualquier lugar. Los golpeaban.
A los seis que fueron detenidos y llevados a Puerto Deseado los torturaron todo
el trayecto, que tiene más de 300 km de distancia. El comisario Masterano, que
recibió a los presos en Puerto Deseado, informó el estado de la golpiza y ese
informe le costó la carrera, ya que nunca más ascendió. La gente tenía miedo.
Por eso se empezó a refugiar en la escuela de la parroquia. La policía iba a
las casas. A un hermano de los imputados lo confundieron y entraron a la casa y
lo golpearon delante de la mujer y los hijos. Tenía problemas de columna y se
tuvo que operar. La gente se mantuvo refugiada en estas instalaciones durante
veinte días, había hasta cien personas en este lugar. La gente que había
quedado herida aquella noche se presentaba en el hospital y quedaba presa. (…)
Esas semanas parecían ser una copia de lo que sucedía bajo la dictadura.»[6]
Lo que hasta ese
momento había sido un cerco informativo sobre la lucha de los trabajadores, se
convirtió a partir del 8 de febrero en una avalancha desinformativa. La prensa
burguesa se enfocó en hacer resonar las versiones oficiales, incluso con todas
sus incoherencias. Si se cubrió la represión fue solo para darle el carácter de
“versiones” o “denuncias” (que evidentemente no merecían ser investigadas) para
ser posteriormente caracterizadas como “excesos” colaterales de la
investigación.
LA CONDENA
En junio del 2013
comenzó en Caleta Olivia el juicio oral por la muerte de Sayago. La
investigación previa, instruida por la jueza Graciela Ruata de Leone, no
investigó los rumores que decían que la multitud estaba infiltrada. Tampoco se
investigó la responsabilidad de la jerarquía policial y judicial que ordenó
reprimir una población que sobrepasaba y tenía rodeados a los efectivos y que
solo después de la muerte de Sayago ordenó liberar a Navarro. No se investigó a
los comisarios que estaban dentro de la comisaría, coordinando la represión con
el grupo GEOP y con el grupo de policías de Caleta Olivia.
Varios testigos,
que admitieron ser torturados o intimidados durante sus declaraciones,
afirmaron que los disparos provinieron de los rifles de dos hombres. Tal arma
nunca fue encontrada, aunque se le imputó a uno de los acusados la tenencia de
un revolver calibre 22. Las balas disparadas no pudieron ser auditadas para
establecer si ese arma había disparado porque estaban fragmentadas, algo común
en las municiones de punta hueca.
Lo único que fue
probado en el juicio fueron los vejámenes policiales, y que, los testimonios
arrancados con torturas e intimidaciones, eran tan incoherentes como los planes
policiales para establecer un chivo expiatorio. Se reconoció el uso de las
instalaciones de la vialidad municipal como centro clandestino de detención y
tortura, la utilización de vehículos sin patente para amedrentar e intimidar a
la población y a los abogados de la defensa.
Mientras esto
pasaba, algunos “sospechosos” ya estaban detenidos. «Estuve
tres años preso, conocí a mi hija estando preso, porque ella tenía un mes
cuando a mí me metieron preso. Me perdí de verla caminar por primera vez, me
perdí muchas cosas de mis hijos y no quiero seguir perdiéndome cosas de mi familia.»[7]
En diciembre de
ese mismo año “la justicia finalmente
llegó”, condenando sin pruebas a trece trabajadores minuciosamente
seleccionados, o bien por su participación gremial, o bien por “portación de
apellido”. Ramón Inocencio Cortez, José Rosales y Hugo González fueron
condenados a prisión perpetua por homicidio agravado. Franco Padilla, por tener
14 años en el momento del hecho, fue sometido a “tratamiento tutelar”. Pablo
Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Rubén Bach recibieron
cinco años de prisión por coacción agravada. Darío Catrihuala, quien
supuestamente disparó el arma contra Sayago y otros dos policías, recibió
también cinco años de prisión por lesiones graves calificadas. Juan Pablo
Bilbao y Alexis Pérez, quienes nunca fueron mencionados en ninguna declaración
durante ni previa al juicio, fueron sobreseídos.
Los jueces
fundamentaron sus condenas basándose solo en uno o dos testimonios por
trabajador condenado y sin ninguna evidencia material. Además cerraron el caso sin
siquiera tratar muchos de los aspectos centrales, como por ejemplo, la
identidad del supuesto francotirador que algunos de esos mismos testimonios
afirmaron ver, o las responsabilidades de la jerarquía policial en el caso.
¡Cuánta ceguera mental hace falta para no ver que los jueces no tienen ninguna
intención de hacer lo que ellos llaman justicia! ¡Cuán obvio es que solo les
importa castigar a los trabajadores y desmantelar su lucha!
MÁS ALLÁ DE LOS PETROLEROS DE LAS HERAS
Aunque la amenaza
de que los trece trabajadores condenados vayan a la cárcel obliga a priorizar
la cuestión de la condena, ésta es solo un episodio de lo que fue toda la
orquestación represiva contra el movimiento de los petroleros. Entendido así,
en su globalidad, el hecho represivo ya no puede ser atribuído solo a unos
jueces, comisarios, policías o políticos. La militarización de Las Heras y la
subsecuente “caza de brujas”, se realizaron para desbaratar una organización
que hubiera podido reducir las ganancias de las empresas petroleras y del
Estado.
Incluso se puede
levantar todavía más la mirada. Hechos como este, que se repiten a lo largo del
globo y a lo largo de la historia, hacen parecer la cuestión represiva como una
manifestación concreta, como hecho. Pero la represión propiamente dicha está
encarnada en la misma existencia de este sistema y se mantiene latente solo gracias
al estado de sumisión logrado. Por eso la cantidad de hechos represivos y su
violencia puede oscilar según sea más o menos requerido por situaciones particulares
y según tenga la burguesía más o menos herramientas a las cuales recurrir para
desactivar una determinada lucha, pero el aparato represivo y su acción
manifiesta u oculta son una necesidad constante de este sistema.
Ahora bien,
constante no quiere decir estática. No son solo los aparatos militares y
policíacos los que están en permanente renovación, incorporando nuevas tácticas
y tecnologías; las funciones de vigilancia se profundizan transversalmente en
toda la población. Esta región, en particular, manifiesta además los indicios
de una reorganización formal del aparato represivo: el nombramiento de ex
represores en cargos estratégicos (Milani, Berni, etc.), la ley anti-terrorista
y el proyecto de ley anti-piquetes, la direccionalidad de los aparatos de
inteligencia (el Proyecto X, los casos de infiltrados en organizaciones de
izquierda), la militarización de ciudades, la instalación de cámaras de
seguridad, la incorporación de identificadores biométricos en los nuevos DNI,
etc.
Todo esto ocurre
frente a una ínfima oposición, y lo que es peor, frente a una sustancial
aceptación y apoyo por parte de quienes son su verdadero objeto de control. El
Capital nos educa desde niños, haciéndonos aceptar y hasta desear su esclavitud
asalariada. No solo se ha logrado así la aceptación de la represión constante
que significa el Capital, sino incluso la imposibilidad de imaginar
alternativas a este sistema de esclavitud asalariada. Es predecible que quien
se encuentra ajeno a la historia de su clase y cree ingenuamente que “el Estado
está para representarnos, la policía para protegernos y los jueces para hacer
justicia”, limite su reclamo por el conflicto de Las Heras a jueces más justos,
policías menos corruptos y políticos más representativos.
Podríamos, como
todo buen político, congraciar con todo este pensamiento común, reclamar la
liberación de los petroleros bajo consignas contra la corrupción policial,
contra la parcialidad de los jueces, o contra el “derechismo del gobierno”.
Podríamos decir, por ejemplo, que esto podría evitarse con comisarías bajo
control vecinal, juicios por jurados de pares, y con más diputados
“trabajadores”. Pero sabemos que presentar estas “injusticias” como defectos
subsanables de las mismas instituciones que mantienen este sistema de explotación
no solo es una mentira, sino que oculta la violencia total y cotidiana del
Capital y el Estado.
No podemos
escindir la lucha por la liberación de los petroleros de la necesidad de una
transformación radical de la sociedad. La reorganización del sistema represivo
no puede combatirse legitimando sus instituciones, haciendo de los hechos
represivos excesos limitables. Tampoco puede combatirse con reformas, porque
éstas son justamente los mecanismos que le dan vitalidad a su existencia. El
sistema represivo solo puede combatirse con la organización de los explotados,
de quienes mantenemos con nuestro trabajo su existencia, y cualquier rodeo
reformista no es más que una trampa en la que debemos evitar caer. La
destrucción de las herramientas con que se mantiene este sistema no es un
objetivo a largo plazo, sino el camino que debe seguirse en cada lucha.
¡Abajo el Estado y sus
cárceles, policías y milicos!
¡Abajo el Capital!
Para descargar este material:
[1] Cita a
Hector Segobia, en http://www.elmilitante.org/amrica-latina-principal-137/argentina-principal-139/3088-sobre-la-lucha-de-los-trabajadores-petroleros-de-la-patagonia.html
[3] Ídem.
[4] Las Heras: detienen a otros diez sospechosos por el crimen del policía. En http://edant.clarin.com/diario/2006/03/10/elpais/p-01501.htm
[5] Absolución: la voz del párroco de Las Heras, ANRed. En http://www.anred.org/spip.php?article7240
[6] Luis Bicego, párroco de Las Heras. Entrevistado en El Kirchnerismo feudal, Diego Rojas.
[7] Ramón Cortéz, entrevistado en GEN FM. Tomado de http://www.marcha.org.ar/index.php/nacionales/144-nacionales/5001-las-heras-nunca-pudo-haber-salido-el-balazo-de-la-manifestacion
lunes, 9 de junio de 2014
sábado, 7 de junio de 2014
Jornada de difusión por la Libertad a los petroleros de Las Heras
la Plaza Montenegro. Rosario, Sta. Fe, Argentina.
jueves, 5 de junio de 2014
jueves, 8 de mayo de 2014
En 1877 Kropotkin afirmaba: «¿Qué hacer para
mejorar el sistema penal? Sólo hay una respuesta: nada. Es imposible mejorar
una cárcel. Con excepción de unas cuantas mejoras insignificantes, no se puede
hacer absolutamente nada más que demolerla.» (Piotr Kropotkin, Las Prisiones).
Hacemos esta jornada hoy, en una ciudad con sus barrios sitiados por la gendarmería, helicópteros vigilando todo el día y, como frutilla del postre, un proyecto de los diputados del oficialismo para controlar la protesta, hermanados con la oposición, como no podía ser de otra manera, a la hora de reprimir.
La crisis mundial se empieza a sentir con más fuerza en la región argentina después de un par de años en los cuales se repetía como loros que la pasaríamos por al lado. La inflación y el impuesto al salario han recrudecido aún mas las condiciones de vida de los trabajadores, ocupados y desocupados.
En este contexto es cuando se multiplican las protestas y las movilizaciones, aunque solo sean para “vivir mejor” y la mayoría carezcan de consignas revolucionarias. Se sale a la calle para pelear por el salario, por mejores condiciones laborales, por trabajo, etc. Para la burguesía eso ya es motivo de alarma y prepara el terreno para que la disconformidad no rebalse los canales legales y políticos.
Este es por ejemplo el caso de los petroleros de Las Heras, que sin embargo, va mas allá de ellos, convirtiéndose en un ataque y en un intento de meter miedo al resto del proletariado.
Como si habría que dudar del papel represor del Estado hacia el proletariado, la realidad se impone una vez más. Esta función es intrínseca a la sociedad de clases en la que vivimos. Cada vez que le sea necesario el Estado no dudará en controlarnos, encerrarnos en cárceles y asesinarnos.
Desde la imposición del trabajo asalariado, hace más de dos siglos, han ido también expandiéndose las instituciones de control sobre la población: policías y cárceles.
En un mundo donde se nos priva de todo, se hace necesario para la burguesía controlar y amedrentar a los proletarios a fin de que cumplan su rol sin cuestionarlo. Solo trabajar y consumir.
La persecución y el encierro se hacen más terribles, ya no sólo cuando se quiebra la ley y se viola la propiedad privada de manera individual, como el delincuente común, sino cuando existe una práctica que intenta extender estos delitos con objetivos revolucionarios. Y es que la revolución solo puede hacerse violando y aboliendo estos dos principios y derechos burgueses. Todos los revolucionarios son en determinado momento delincuentes al evitar y negar el lenguaje político del Estado ya que, como bien decían unos compañeros franceses en los '80: «(…) el fin que persiguen los partidarios del Estado y los defensores de la sociedad existente es que los pobres no sepan hablar más que para dirigirse a sus amos. (...) Esta mentira, que no data precisamente de ayer, tiene la finalidad de civilizar, una vez, la revuelta de los pobres.» (Os Cangaceiros, Prisioner Talkin'Blues)
Así fue históricamente y por eso el proletariado revolucionario a través de los tiempos cuestionó y rechazó las cárceles, porque la situación de los llamados presos políticos y de la mayoría de los presos en general es parte de la dictadura de la propiedad privada sobre la vida.
Recordemos y aprendamos de la campaña que mantuvo el proletariado durante veinte años para conseguir la libertad de Simon Radowisky, preso en la cárcel de Usuhaia, incluyendo la ejecución de planes para su fuga. De las huelgas y disturbios que se vivieron en -literalmente- ¡todo el mundo! para salvar a Sacco y Vanzzetti de la pena de muerte. Desde Tokio a Londres, de París a Barcelona, aquí en Rosario y en Buenos Aires, donde además de los multitudinarios mitines se realizaron atentados al City Bank y a la embajada norteamericana.
O también la campaña sostenida por más de diez años en favor de los presos de Bragado, víctimas de uno de los tantos montajes contra el proletariado surgido del golpe de Uriburu.
Más acá en el tiempo, acordémosnos de la experiencia durante el franquismo de la Coordinadora de Presos en Lucha, constituida no sólo por presos políticos sino incluso por presos comunes. O de las diferentes manifestaciones, también a nivel mundial, para pedir la libertad de los compañeros de Chile encerrados a causa de los llamados “Caso Bombas” ya concluido, y "Caso Security" aún en vigencia y en juicio.
Hoy también con los petroleros de Las Heras empiezan a asomar en esta región y a nivel mundial diferentes manifestaciones de apoyo para lograr su completa libertad.
Asímismo advertimos que, para enfrentar la represión, debemos además esquivar las falsas criticas que se escuchan a menudo por parte de organizaciones políticas, incluso de aquellas autoproclamadas revolucionarias.
Una de estas falsas críticas es que la revela que las fuerzas de seguridad han logrado una gran autonomía del Estado y que, por lo tanto, su accionar es incontrolado.
Otra, similiar, es aquella que plantea que la corrupción ha penetrado demasiado dentro de estas fuerzas y es necesario depurarlas.
Finalmente está la que cree que este gobierno es el gobierno de los Derechos Humanos y que por ende es incoherente que reprima.
Veamos. Las dos primeras afirmaciones no hacen más que deslindar responsabilidades de la burguesía en la represión. Si bien es cierto que las fuerzas represivas están podridas de corrupción, en ningún caso se pueden pensar como autónomas del Estado. Todo lo que hacen, desde liberar zonas o introducir droga en un barrio o en una cárcel, hasta asesinar a balazos o con gas lagrimógeno a proletarios en lucha, depende de desiciones e intereses politicos del oficialismo o la oposición. Aún cuando estas fuerzas fueran extremadamentes "limpias" sería lo mismo y su función no cambiaría para nada, ya que seguirían siendo los defensores de la miseria cotidiana. Esa es su función.
Obviamente esto tira por el suelo las falsas soluciones ciudadanistas de la izquierda: asambleas para elegir comisarios, jefaturas o comisarías bajo el control de vecinos, apoyo de estos grupos a los reclamos salariales de la policía a fin de “educar” o “influir” en ellos. Soluciones que no son otra cosa que elegir la bala con la que van a matarnos. Estas practicas desvían la verdadera lucha: acabar con la explotación capitalista y la propiedad privada a fin de que estas instituciones no tengan sentido de ser.
Y sobre los Derechos Humanos: éstos y la represión conviven perfectamente. No son más que una careta amable del ciudadanismo que no hace más que remachar la vida dentro de la ley y el orden. Los DDHH nada tienen que ver con no reprimir, porque son válidos en tanto no se quebrante la ley y sigamos con las obligaciones que la burguesía impone. Dijo Marx en 1844: «Ninguno de los llamados derechos humanos va por tanto mas allá del hombre egoísta, del hombre como miembro de la sociedad burguesa, es decir del individuo replegado sobre sí mismo, su interés privado y su arbitrio privado y disociado de la comunidad.» (Karl Marx, La cuestion judia)
Podemos tener DDHH, pero todo los días nos enfrentemos con la miseria material y espiritual de nuestras vidas cotidianas, el trabajo, el dinero, la contaminación. Y si osamos rebelarnos y salirnos de los canales ciudadanos dispuestos para reclamar, caen el Estado con sus DDHH y nos acribilla. Es el legalismo extremo. Es la igualdad del Capital.
La lucha revolucionaria va mas allá de los DDHH y estos últimos doce años en la región argentina lo demuestran tajantemente. Los DDHH pueden estar plenamente vigentes, cualquier gobierno más o menos despierto los puede acuñar, en tanto no afectan en lo más mínimo los intereses del Capital.
Es necesario reconocer nuestro lugar, dejar atrás absurdas divisiones burguesas y hermanarnos todos los proletarios del mundo contra la cárcel y sus defensores, contra el Capital, por la vida.
¡Los petroleros de Las Heras somos todos! ¡Tocan a uno y nos tocan a todos!
Hacemos esta jornada hoy, en una ciudad con sus barrios sitiados por la gendarmería, helicópteros vigilando todo el día y, como frutilla del postre, un proyecto de los diputados del oficialismo para controlar la protesta, hermanados con la oposición, como no podía ser de otra manera, a la hora de reprimir.
La crisis mundial se empieza a sentir con más fuerza en la región argentina después de un par de años en los cuales se repetía como loros que la pasaríamos por al lado. La inflación y el impuesto al salario han recrudecido aún mas las condiciones de vida de los trabajadores, ocupados y desocupados.
En este contexto es cuando se multiplican las protestas y las movilizaciones, aunque solo sean para “vivir mejor” y la mayoría carezcan de consignas revolucionarias. Se sale a la calle para pelear por el salario, por mejores condiciones laborales, por trabajo, etc. Para la burguesía eso ya es motivo de alarma y prepara el terreno para que la disconformidad no rebalse los canales legales y políticos.
Este es por ejemplo el caso de los petroleros de Las Heras, que sin embargo, va mas allá de ellos, convirtiéndose en un ataque y en un intento de meter miedo al resto del proletariado.
Como si habría que dudar del papel represor del Estado hacia el proletariado, la realidad se impone una vez más. Esta función es intrínseca a la sociedad de clases en la que vivimos. Cada vez que le sea necesario el Estado no dudará en controlarnos, encerrarnos en cárceles y asesinarnos.
Desde la imposición del trabajo asalariado, hace más de dos siglos, han ido también expandiéndose las instituciones de control sobre la población: policías y cárceles.
En un mundo donde se nos priva de todo, se hace necesario para la burguesía controlar y amedrentar a los proletarios a fin de que cumplan su rol sin cuestionarlo. Solo trabajar y consumir.
La persecución y el encierro se hacen más terribles, ya no sólo cuando se quiebra la ley y se viola la propiedad privada de manera individual, como el delincuente común, sino cuando existe una práctica que intenta extender estos delitos con objetivos revolucionarios. Y es que la revolución solo puede hacerse violando y aboliendo estos dos principios y derechos burgueses. Todos los revolucionarios son en determinado momento delincuentes al evitar y negar el lenguaje político del Estado ya que, como bien decían unos compañeros franceses en los '80: «(…) el fin que persiguen los partidarios del Estado y los defensores de la sociedad existente es que los pobres no sepan hablar más que para dirigirse a sus amos. (...) Esta mentira, que no data precisamente de ayer, tiene la finalidad de civilizar, una vez, la revuelta de los pobres.» (Os Cangaceiros, Prisioner Talkin'Blues)
Así fue históricamente y por eso el proletariado revolucionario a través de los tiempos cuestionó y rechazó las cárceles, porque la situación de los llamados presos políticos y de la mayoría de los presos en general es parte de la dictadura de la propiedad privada sobre la vida.
Recordemos y aprendamos de la campaña que mantuvo el proletariado durante veinte años para conseguir la libertad de Simon Radowisky, preso en la cárcel de Usuhaia, incluyendo la ejecución de planes para su fuga. De las huelgas y disturbios que se vivieron en -literalmente- ¡todo el mundo! para salvar a Sacco y Vanzzetti de la pena de muerte. Desde Tokio a Londres, de París a Barcelona, aquí en Rosario y en Buenos Aires, donde además de los multitudinarios mitines se realizaron atentados al City Bank y a la embajada norteamericana.
O también la campaña sostenida por más de diez años en favor de los presos de Bragado, víctimas de uno de los tantos montajes contra el proletariado surgido del golpe de Uriburu.
Más acá en el tiempo, acordémosnos de la experiencia durante el franquismo de la Coordinadora de Presos en Lucha, constituida no sólo por presos políticos sino incluso por presos comunes. O de las diferentes manifestaciones, también a nivel mundial, para pedir la libertad de los compañeros de Chile encerrados a causa de los llamados “Caso Bombas” ya concluido, y "Caso Security" aún en vigencia y en juicio.
Hoy también con los petroleros de Las Heras empiezan a asomar en esta región y a nivel mundial diferentes manifestaciones de apoyo para lograr su completa libertad.
Asímismo advertimos que, para enfrentar la represión, debemos además esquivar las falsas criticas que se escuchan a menudo por parte de organizaciones políticas, incluso de aquellas autoproclamadas revolucionarias.
Una de estas falsas críticas es que la revela que las fuerzas de seguridad han logrado una gran autonomía del Estado y que, por lo tanto, su accionar es incontrolado.
Otra, similiar, es aquella que plantea que la corrupción ha penetrado demasiado dentro de estas fuerzas y es necesario depurarlas.
Finalmente está la que cree que este gobierno es el gobierno de los Derechos Humanos y que por ende es incoherente que reprima.
Veamos. Las dos primeras afirmaciones no hacen más que deslindar responsabilidades de la burguesía en la represión. Si bien es cierto que las fuerzas represivas están podridas de corrupción, en ningún caso se pueden pensar como autónomas del Estado. Todo lo que hacen, desde liberar zonas o introducir droga en un barrio o en una cárcel, hasta asesinar a balazos o con gas lagrimógeno a proletarios en lucha, depende de desiciones e intereses politicos del oficialismo o la oposición. Aún cuando estas fuerzas fueran extremadamentes "limpias" sería lo mismo y su función no cambiaría para nada, ya que seguirían siendo los defensores de la miseria cotidiana. Esa es su función.
Obviamente esto tira por el suelo las falsas soluciones ciudadanistas de la izquierda: asambleas para elegir comisarios, jefaturas o comisarías bajo el control de vecinos, apoyo de estos grupos a los reclamos salariales de la policía a fin de “educar” o “influir” en ellos. Soluciones que no son otra cosa que elegir la bala con la que van a matarnos. Estas practicas desvían la verdadera lucha: acabar con la explotación capitalista y la propiedad privada a fin de que estas instituciones no tengan sentido de ser.
Y sobre los Derechos Humanos: éstos y la represión conviven perfectamente. No son más que una careta amable del ciudadanismo que no hace más que remachar la vida dentro de la ley y el orden. Los DDHH nada tienen que ver con no reprimir, porque son válidos en tanto no se quebrante la ley y sigamos con las obligaciones que la burguesía impone. Dijo Marx en 1844: «Ninguno de los llamados derechos humanos va por tanto mas allá del hombre egoísta, del hombre como miembro de la sociedad burguesa, es decir del individuo replegado sobre sí mismo, su interés privado y su arbitrio privado y disociado de la comunidad.» (Karl Marx, La cuestion judia)
Podemos tener DDHH, pero todo los días nos enfrentemos con la miseria material y espiritual de nuestras vidas cotidianas, el trabajo, el dinero, la contaminación. Y si osamos rebelarnos y salirnos de los canales ciudadanos dispuestos para reclamar, caen el Estado con sus DDHH y nos acribilla. Es el legalismo extremo. Es la igualdad del Capital.
La lucha revolucionaria va mas allá de los DDHH y estos últimos doce años en la región argentina lo demuestran tajantemente. Los DDHH pueden estar plenamente vigentes, cualquier gobierno más o menos despierto los puede acuñar, en tanto no afectan en lo más mínimo los intereses del Capital.
Es necesario reconocer nuestro lugar, dejar atrás absurdas divisiones burguesas y hermanarnos todos los proletarios del mundo contra la cárcel y sus defensores, contra el Capital, por la vida.
¡Los petroleros de Las Heras somos todos! ¡Tocan a uno y nos tocan a todos!
miércoles, 16 de abril de 2014
¡Libertad a los petroleros de Las Heras!
un policía.
El
conflicto se remonta al año 2006, cuando los petroleros de Las Heras
reclamaban por su encuadramiento sindical en la rama productiva que
les corresponde y no en la UOCRA, para poder incorporarse a un
convenio colectivo que cuenta con mejores escalas salariales y
condiciones de trabajo. También demandaban la suba del mínimo no
imponible, monto a partir del cual los asalariados tributan el
impuesto a las ganancias.
Luego
de 20 días de huelga y movilizaciones, el Poder Judicial ordenó la
detención de varios trabajadores. Los petroleros reaccionaron
marchando sobre la alcaldía a exigir su liberación, siendo
brutalmente reprimidos. En circunstancias por demás confusas, murió
un policía. Fueron apresados más de 17 trabajadores y acusados por
desmanes y asesinato. La gendarmería instaló un clima de terror en
la población a través de la militarización del pueblo de Las
Heras.
Durante
los tres años de detención (2006-2009) les arrancaron testimonios a
través de tortura física y psicológica, con los que se rearmó la
causa en el 2010, por la cual hoy el Estado intenta encarcelarlos de
por vida.
Lo
único que se demostró en el juicio fueron las torturas que
sufrieron los condenados, actos que fueron justificados por el fiscal
de la causa que minimizó las torturas, declarando que: “Darle un
cachetazo o ponerle una bolsa en la cabeza a un testigo no implica
decirle lo que tiene que decir”. En concordancia el tribunal hizo
oídos sordos a las denuncias de torturas y dejó detenido a los
procesados para que “reflexionen y recapaciten”.
Estos
hechos no sólo sientan un precedente para el resto de los
trabajadores a la hora de luchar por nuestras necesidades, sino que
además desenmascaran el verdadero rol del Estado, reprimiéndonos
ante cualquier conflicto que ponga en riesgo los intereses de quienes
nos explotan. Y aunque en mayor o menor medida siempre demuestra esta
cara, lo hace con mucha más violencia y contundencia cuando los
conflictos se salen de los cauces impuestos para los trabajadores
(sindicalismo y partidos).
Mientras
esperan que la justicia se expida al respecto, los trabajadores no
bajan los brazos. Pese a la indiferencia de los medios y al temor que
intenta instalar el gobierno para desalentar las protestas,
trabajadores en todo el mundo nos estamos manifestando y
solidarizando con los petroleros de Las Heras porque no queremos ni
vamos aceptar que nos exploten y encima nos pudran en sus cárceles.
¡Contra
el Estado y sus cárceles!
¡Libertad a los petroleros de Las Heras!
¡Libertad a los petroleros de Las Heras!
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